"La mujer puede ser víctima de una serie de delitos por su condición de mujer como consecuencia de una serie de factores socio-culturales que condicionan y permiten que se produzca esa agresión en los ámbitos principales en los que se desarrolla la persona: el medio familiar y el entorno social (educativo, laboral...).
Haciendo un análisis antropológico e histórico vemos que esos factores socio-culturales tienen como pilares los propios de la sociedad patriarcal. La desigualdad de los géneros y con ello los estereotipos de los roles sexuales, en los que influyen aspectos psicológicos, sociales (costumbres, conceptos, mitos y actitudes), económicos, políticos y legales.
Se considera que la violencia es el reflejo de la relación desigual de poder en las relaciones entre mujeres y hombres y que la raíz de la violencia la podemos encontrar en la dimensión del dominio y poder masculino versus la sumisión femenina. Muchos estudios han podido documentar cómo las sociedades sexistas facilitan directa o indirectamente el maltrato de las mujeres.
La comprensión y prevención de la violencia requiere una revisión de las normas culturales relacionadas con el género y de los mitos que permiten su existencia, la perpetúan y niegan la asistencia a las víctimas. Todos nos vemos influidos por esos mitos, por ello la atención sanitaria, policial, judicial, etc. puede no ser correcta.
La actuación sobre la violencia debe tener carácter multidisciplinar y debe ser sobre la víctima, el agresor y la sociedad.
Los/as profesionales sanitarios, como agentes sociales, tiene responsabilidad en la lucha por la erradicación de la violencia.
Cuando una persona maltratada acude a consulta de un servicio sanitario, en un primer momento; el sanitario individualiza el problema, es decir, lo convierte en un asunto privado; luego lo medicaliza, lo define como enfermedad; por último, prescribe tratamiento o da consejos sociales. Pero estas no son líneas de actuación correctas.
Para que las actuaciones sanitarias sean correctas se han protocolizado las mismas, pretendiendo, también, facilitar las acciones judiciales y sociales, favorecer las denuncias, proteger la intimidad de la víctima y facilitarle información. [...]"